Desde el 2 de agosto de 2026 comenzaron a aplicarse en la Unión Europea nuevas obligaciones de transparencia para determinados sistemas y contenidos creados con inteligencia artificial. La novedad produjo una interpretación apresurada: que cualquier texto, imagen o audio asistido por IA debe llevar una etiqueta.
La regla real es más específica. Distingue quién proporciona la tecnología, quién la utiliza profesionalmente, qué tipo de contenido produce y con qué finalidad se publica. Para una organización, el desafío no consiste en agregar la frase “hecho con IA” a todo, sino en reconocer los casos donde una persona podría ser engañada o desconocer que está interactuando con una máquina.
Una buena política de transparencia no enumera todas las herramientas utilizadas: revela la intervención de la IA cuando esa información puede cambiar la interpretación, la confianza o la decisión del público.
Qué cambió exactamente el 2 de agosto
El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea establece en su artículo 50 varias obligaciones diferenciadas. Entre ellas se encuentran:
- Sistemas que interactúan con personas: deben permitir que el usuario sepa que está interactuando con IA, salvo que resulte evidente para una persona razonablemente informada.
- Proveedores de sistemas generativos: deben incorporar formas de marcado legibles por máquinas para que sus resultados puedan detectarse como artificiales o manipulados, dentro de los límites técnicos previstos.
- Deepfakes: quien use profesionalmente IA para generar o manipular imágenes, audio o video que parezcan auténticos debe revelar su origen artificial.
- Textos sobre asuntos de interés público: deben identificarse cuando fueron generados o manipulados por IA con la finalidad de informar al público, salvo que se cumplan determinadas condiciones de revisión y responsabilidad editorial.
- Reconocimiento de emociones y categorización biométrica: las personas expuestas deben ser informadas en los casos alcanzados.
Las directrices publicadas por la Comisión Europea el 20 de julio de 2026 buscan aclarar el alcance de estas reglas y favorecer una aplicación consistente. La obligación jurídica proviene del reglamento; las directrices ayudan a interpretarla y aplicarla.
Cuatro preguntas para saber si corresponde informar
Antes de elegir una etiqueta conviene clasificar el uso. Estas cuatro preguntas ofrecen un primer filtro práctico.
1. ¿La persona está interactuando directamente con un sistema?
Un asistente de atención, una voz automatizada o un personaje conversacional deberían identificarse como sistemas de IA cuando esa condición no sea obvia. El aviso debe aparecer desde la primera interacción, no quedar escondido en términos y condiciones.
2. ¿El contenido podría confundirse con un hecho auténtico?
Una voz clonada, una fotografía alterada, un video de una persona diciendo algo que nunca dijo o una representación convincente de un acontecimiento inexistente requieren especial atención. El problema no es solo cuánto contenido generó la IA, sino su capacidad para parecer real.
3. ¿El texto informa sobre un asunto de interés público?
Las obligaciones no tratan igual un borrador interno, una descripción comercial y una publicación destinada a informar sobre salud, economía, elecciones, seguridad u otros asuntos relevantes para la sociedad. La finalidad y el contexto importan.
4. ¿Existió revisión humana real y responsabilidad editorial?
Para determinados textos sobre asuntos de interés público, el reglamento contempla una excepción cuando hubo revisión o control editorial humano y una persona física o jurídica asume la responsabilidad editorial. No alcanza con abrir el documento o corregir una palabra: la organización debería poder explicar quién verificó el contenido y bajo qué criterio.
Etiquetar no es colocar un aviso genérico al final
La información debe ser clara, distinguible, oportuna y accesible. En términos prácticos, esto significa que el público debería verla antes de interpretar el contenido como auténtico.
La Comisión publicó un Código de Buenas Prácticas sobre marcado y etiquetado. Adherir al código es voluntario, pero las obligaciones del artículo 50 no lo son para quienes se encuentren alcanzados.
También presentó iconos europeos para identificar contenido generado o modificado con IA. Su uso es opcional y no acredita por sí solo el cumplimiento. La propia Comisión recomienda acompañar los símbolos con lenguaje sencillo y contemplar lectores de pantalla, contraste, tiempo de exposición y permanencia cuando el archivo se descarga o comparte.
Una etiqueta útil puede responder, según el caso, tres preguntas:
- ¿El contenido fue completamente generado o solo modificado?
- ¿Qué componente fue alterado: imagen, voz, video o texto?
- ¿Hubo revisión y responsabilidad humana antes de publicarlo?
Frases concretas como “voz generada con inteligencia artificial” o “imagen original modificada con IA” suelen informar mejor que un símbolo aislado o una declaración ambigua.
Qué deberían revisar las organizaciones fuera de Europa
Estar ubicada fuera de la Unión Europea no siempre elimina la necesidad de analizar el reglamento. Su alcance incluye determinados proveedores y responsables establecidos en terceros países cuando el resultado del sistema se utiliza dentro de la Unión.
Eso no significa que toda publicación accesible desde Europa quede automáticamente alcanzada. Sí significa que una empresa con clientes, campañas, productos digitales, publicaciones o usuarios europeos no debería descartar el tema basándose únicamente en su domicilio.
Más allá de la obligación legal, adoptar una política coherente puede evitar contradicciones: un chatbot identificado en un mercado pero oculto en otro, una imagen sintética etiquetada en una red y publicada sin aviso en el sitio, o diferentes criterios entre marketing, prensa y atención al cliente.
Un plan práctico de revisión en seis pasos
- Inventariar los usos: registrar chatbots, generadores de voz, edición de imágenes, videos sintéticos, automatización editorial y contenido publicado por terceros.
- Separar roles: identificar cuándo la organización proporciona un sistema, cuándo lo integra y cuándo solo utiliza sus resultados.
- Clasificar el contenido: distinguir asistencia menor, generación completa, modificación sustancial, deepfake y texto sobre asuntos de interés público.
- Definir responsables: asignar quién revisa hechos, autoriza publicaciones, conserva evidencia y decide la forma del aviso.
- Diseñar etiquetas por canal: preparar variantes para web, redes sociales, audio, video, aplicaciones y archivos descargables, incluyendo accesibilidad.
- Revisar periódicamente: verificar si las herramientas preservan metadatos, si las plataformas eliminan etiquetas y si cambiaron las directrices aplicables.
Este inventario también debería incluir contenidos antiguos que continúan circulando, plantillas reutilizables y materiales producidos por agencias o colaboradores externos.
Conclusión: informar donde la IA cambia la percepción
Las reglas vigentes desde agosto de 2026 no convierten cada corrección asistida por IA en una publicación que deba rotularse. Se concentran en interacciones y contenidos donde el origen artificial puede resultar relevante para comprender qué está viendo, escuchando o leyendo una persona.
El paso accionable es crear un registro de usos de IA y evaluar cada uno según cuatro variables: interacción, apariencia de autenticidad, finalidad pública y control humano. Cuando exista duda jurídica sobre el alcance territorial o una excepción, conviene solicitar asesoramiento especializado. Cuando exista duda comunicacional, la opción más sólida suele ser informar de manera específica, visible y comprensible.
